Al país, y al señor Daniel Noboa, presidente del Ecuador
¡La fusión del Ministerio de Ambiente con Energía y Minas es un atentado contra la protección de la naturaleza y los animales!
El anuncio de la fusión (desaparición) del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas no es una simple medida administrativa: es un grave retroceso en la protección de los animales, la biodiversidad y los territorios que sostienen la vida. Esta decisión, lejos de responder a criterios técnicos o a una visión de desarrollo sustentable, obedece a imposiciones externas que buscan reducir el tamaño del Estado a costa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Desde mediados del siglo XX, la creciente preocupación por el deterioro ambiental impulsó la creación de programas y políticas globales, destacando desde los años 70 la importancia de la educación ambiental. En Ecuador, este proceso se consolidó en 1996 con la creación del Ministerio del Ambiente, encargado de proteger los ecosistemas, promover el uso sostenible de los recursos y garantizar un ambiente sano. La Constitución de 2008 reconoció los derechos de la naturaleza, reforzando el rol de una autoridad ambiental, y en 2009 el país declaró la adaptación y mitigación al cambio climático como política de Estado. Desde entonces, el Ministerio del Ambiente —hoy Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica— ha tenido como funciones clave diseñar e implementar políticas ambientales, conservar la biodiversidad, garantizar la sostenibilidad, enfrentar el cambio climático, coordinar acciones interinstitucionales y cumplir compromisos internacionales, fortaleciendo progresivamente su institucionalidad.
Por tal razón, la nueva medida genera cuestionamientos sobre cómo se puede garantizar la protección de los animales cuando la misma institución encargada de promover la minería es la que otorgará las licencias ambientales.
Este es un conflicto de intereses inaceptable, donde se pierde la transparencia, vigilancia y ética de los procesos tan importantes que una cartera de estado independiente debería poder realizar. El debilitamiento institucional afecta directamente a los animales. No es una metáfora.
Nos oponemos de manera rotunda a la fusión en razón de los siguientes argumentos:
Conflicto de intereses estructural: El mismo ente que promueve actividades extractivas no puede regular su impacto ambiental sin comprometer la imparcialidad.
Debilitamiento de la institucionalidad ambiental, y reducción en su efectividad para el control: La fusión representa un retroceso en la protección ambiental y en la defensa de los derechos de la naturaleza. Además como efecto, la reducción de los equipos que vigilan áreas protegidas y la sobrecarga y precarización laboral de quienes controlan, patrullan y monitorean las Áreas Protegidas, poniendo en riesgo el control de actividades ilegales e ilícitas como lo son la caza, tráfico de fauna y flora, deforestación, minería ilegal y destrucción de hábitats.
Retroceso en derechos constitucionales: Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza en su Constitución, y esta fusión pone en duda ese compromiso.
Pérdida de autonomía técnica: Equipos especializados en materia ambiental y de conservación podrían quedar subordinados a intereses y objetivos económicos tanto públicos como privados.
Mayor riesgo de avance de la frontera extractiva: La medida facilita la expansión de proyectos energéticos, mineros y petroleros sin controles independientes.
Desconfianza de la comunidad internacional: Organismos internacionales como WWF han calificado la decisión como un retroceso en sostenibilidad y gobernanza ambiental.
Impacto negativo en los pueblos y nacionalidades indígenas, y pueblos afroecuatorianos y montubios: Estas poblaciones podrían ver aún más vulnerados sus derechos colectivos y territoriales. Por ejemplo, un debilitamiento aún más profundo de los procesos de consulta previa, libre e informada que en el caso de Ecuador ni siquiera cumple los estándares internacionales.
Desincentivo a la transición ecológica: La fusión contradice los esfuerzos globales por modelos energéticos y climáticamente sostenibles.
Pérdida de credibilidad en procesos de licenciamiento ambiental: Las licencias ambientales podrían verse comprometidas si son evaluadas por una entidad cuya máxima autoridad es la misma que defiende los intereses del sector extractivo.
Contradicción con la vicepresidenta Pinto: Esta decisión contradice a la vicepresidenta María José Pinto en la Cumbre de la Alianza Global para la Biodiversidad en Guyana quien expresó que la conservación de la biodiversidad debe estar en el centro del desarrollo, integrando la protección ambiental con la transformación económica y social.
Todo esto se hace bajo la bandera de una supuesta “eficiencia”, cuando en realidad es consecuencia de un proceso sistemático de desmantelamiento del Estado. Es falso que las instituciones ambientales son ineficientes por naturaleza: son ineficientes porque han sido abandonadas, debilitadas y desfinanciadas a propósito.
Hoy, los funcionarios del ambiente trabajan con miedo. Miedo a perder sus trabajos si se oponen a proyectos extractivos. Miedo a levantar alertas. Miedo a hacer cumplir la ley. ¿Qué clase de eficiencia es esa?
Ecuador es el primer país del mundo en reconocer los Derechos Animales, a través de la Sentencia No. 253-20-JH/22 (Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos) Caso “Mona Estrellita”.
Rechazamos cualquier medida antitécnica que atente contra estos Derechos y contra los de la naturaleza que es el hábitat de millones de especies y que se haga por privilegiar los negocios extractivos y cumplir con la receta de organismos internacionales.